Gerardo Vaso, referente del sector taxi en Salta, explicó por qué el sector rechaza a Uber, DiDi y Cabify. Habló de competencia desleal, evasión impositiva y complicidad de los funcionarios.
El taxista y referente del sector Gerardo Vaso dio una entrevista en la que explicó, con claridad y sin vueltas, la postura del sector frente al avance de las plataformas digitales de transporte en Salta. Sus palabras son una denuncia directa a los gobernantes que permiten el negocio de las multinacionales a costa del trabajador argentino.
El taxi tiene historia. Las plataformas, no.
Vaso arrancó con un dato que muchos ignoran: el taxi existe desde 1920. Desde entonces, el sector construyó su lugar en el mercado, se reguló, pagó sus cargas y cumplió con la ley. “El taxi ya pagó el derecho de piso”, dijo. Es un servicio conocido en todo el mundo. La palabra misma es universal.
El problema no es la tecnología. “El taxi no está en contra del avance tecnológico”, aclaró Vaso. Lo que rechaza el sector es el modelo de negocio que imponen las plataformas. Un modelo que usa la aplicación como excusa para instalar un nuevo servicio público sin cumplir ninguna regla.
La ley lo dice claro: las apps son para el taxi.
Vaso citó al ENACON —el Ente Nacional de Calidad del Transporte— para fundamentar su posición. Ese organismo establece que las aplicaciones son “el valor agregado a los servicios”. Es decir, son una herramienta complementaria. El único servicio que puede usarlas para captar pasajeros es el taxi, porque el remis ya nace con un modelo de contratación remota, puerta a puerta.
Las plataformas están haciendo una superposición de servicios que no tiene respaldo legal. Y los funcionarios lo saben y lo aprueban igual.
Uber no paga impuestos. Los gobernantes lo permiten.
El intendente de Salta, Jorge Mario Emiliano Durand, admitió que las plataformas no van a registrarse en el municipio ni a pagar impuestos. Para Vaso, eso tiene un nombre: “están acuñando la ilegalidad”.
Las multinacionales hacen evasión impositiva y fuga de capitales. Y mientras el gobernador salteño viaja a Nueva York a buscar inversiones, las inversiones genuinas que ya existen en la provincia se destruyen desde adentro. “Cómo podemos tener una Semana de Argentina en Nueva York si la propia inversión la tenemos en nuestra provincia”, cuestionó Vaso.
El resultado es concreto: el municipio de Salta se autofinancia menos. Se desfundan la salud, la educación y la seguridad. Lo mismo que el gobernador le critica al gobierno nacional, lo hace el intendente en el plano local.
Sin oficina local, el usuario no tiene a dónde reclamar.
Otro punto que denunció Vaso: las plataformas no tienen presencia física en Salta. Si el servicio falla, si hay un problema, el usuario no tiene a dónde ir. “La aplicación es extraordinaria hasta que hacés efectivo el pago”, dijo. Después, no hay forma de reclamar.
Para Vaso, las autoridades tienen la obligación de exigir una oficina física con libro de quejas. El Estado debe velar por el usuario. No puede aceptar un modelo donde la empresa no tiene ninguna responsabilidad local.
La reforma laboral los empuja al precipicio.
Las plataformas no dan trabajo, esclavizan. Esa fue la definición de Vaso. Un chofer que trabaja para una app no tiene jubilación, no tiene obra social, no puede proyectar su vejez. Y la reforma laboral que se debate en el Congreso nacional empuja en la misma dirección: más precariedad, más dependencia del trabajador.
La posición es clara: fuera las multinacionales.
Vaso fue contundente. La solución no es regular las plataformas para que convivan con el taxi y el remis. Eso sería una contradicción jurídica, sobre todo cuando el sector ya presentó una acción de inconstitucionalidad contra ellas. No se puede pedirle a un juez que las elimine y al mismo tiempo pedir que las regule.
La posición es una sola: Uber, DiDi, Cabify y cualquier otra plataforma multinacional no tienen que existir como servicio público de transporte en Argentina. El taxi tiene que tener su propia aplicación, desarrollada y controlada por el Estado, bajo la supervisión de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT).
