El Estado es cómplice por omisión de la fuga de divisas. Mientras un taxista gasta su ganancia en el almacén de Salta y paga tasas locales, las plataformas detraen entre un 15% y 50% de cada viaje que sale del circuito económico de la provincia hacia cuentas offshore.

El Triángulo de la Desigualdad

Punto de Regulación	Taxis y Remises (Servicio impropio de Pasajeros)	Plataformas Digitales
1. El Cupo	Rígido (ej. 1 vehículo cada 500 personas). Busca evitar la saturación.	Ilimitado de facto. Más de 7.000 unidades (incluyendo motos) frente a un mercado saturado.
2. La Tarifa	Regulada por la AMT. A través de la Ley 7322 Art. 4 inc. C (allí podremos ver la ecuación exacta de las tarifas	Dinámica y libre. Se ajusta por oferta/demanda, sin control estatal sobre el piso o techo del precio.
3. La Unidad	Exigencia de modelos de hasta el ejercicio pasado fue de 10 años, ahora de 15 años y condiciones de revista estrictas.	Heterogeneidad total. Desde autos nuevos (los menos), unidades (incluso) de más de 15 años y hasta motos, con un bajísimo índice de registro legal (500 de 7.000).

Las consecuencias del “Progreso” sin Control

Cuando el municipio habla en su alegato de la “Cláusula del Progreso” y de “brindar seguridad jurídica”, omite el impacto socioeconómico.

• Canibalización del Servicio: Al haber más de 7.000 vehículos para una demanda que no creció en la misma proporción, el “viaje” se vuelve un recurso escaso por el que se pelea en condiciones desiguales.
• La Trampa de la “Actividad Privada”: El municipio se escuda en que es una “actividad privada de interés público” para no aplicar las mismas reglas que la AMT les exige al servicio impropio. Esto genera una competencia desleal avalada por el Estado.
• Precarización Extrema: Sin capacidad de ahorro, el taxista no solo no puede renovar la unidad (incumpliendo luego el punto 3), sino que cae en una economía de subsistencia. Es un círculo vicioso: menos ingresos → menos mantenimiento → mayor riesgo → miseria.
• Fuga de Capitales e Impuestos: Mientras el taxista paga tasas locales y gasta su ingreso en la ciudad, las comisiones de las plataformas (desde un 15 hasta un 50%) se van del país sin dejar un centavo en la infraestructura que usan para circular.

¿Dónde falla el argumento legal del Municipio?

El abogado de la ciudad dice que “la igualdad exige tratar igual a los que están en iguales condiciones”. No estamos en iguales condiciones. Estamos atrapados en una regulación de “Servicio Público” (con todas sus cargas) mientras nos quieren hacer competir contra un sector que opera con la libertad de una “Actividad Privada”. Si la Corte de Salta solo mira los papeles y no la estadística (los 7.000 vs. los 500 registrados), va a convalidar una norma que, en la práctica, es una sentencia de quiebra para miles de familias.

Es un tema de “Razonabilidad”: Una ley que para “progresar” condena al hambre a un sector entero, deja de ser razonable y pasa a ser confiscatoria del derecho al trabajo.

Análisis Crítico: El Alegato Municipal vs. La Realidad del Asfalto

El alegato del Dr. Naldo Martín González construye una narrativa de “modernidad y progreso”, pero omite sistemáticamente las distorsiones de mercado que sus propios datos (y la falta de ellos) revelan.

1. La Ficción de la “Actividad Privada” frente al Servicio Público

• El Argumento Municipal: Define a las aplicaciones (Uber/DiDi) como una “actividad privada de interés público” para sacarlas de la órbita de la AMT y la Ley 7322.
• La Realidad Realista: Esta distinción es una falacia económica. Si dos vehículos transportan a un pasajero del punto A al punto B por un precio, compiten por el mismo mercado. Al permitir que uno opere sin cupo (8.000 vehículos frente al límite de 1 cada 500 personas) y sin tarifa regulada, el Estado no está “promoviendo la competencia”, sino avalando el dumping (precios por debajo del costo).

2. Precios Predatorios y la Estrategia de Monopolio (Uber Files)

• El Argumento Municipal: Sostiene que el ingreso de plataformas “mejora las condiciones de seguridad y precio para el usuario”.
• La Realidad Realista: Siguiendo la lógica de los “Uber Files”, estas empresas no buscan competir, sino arrasar.
  • Utilizan capital de riesgo global para sostener tarifas artificialmente bajas que el trabajador local (taxista) no puede igualar porque sus costos (seguro, licencia, técnica, impuestos) son reales y fijos.
  • Una vez que el servicio tradicional quiebra y desaparece la capacidad de ahorro del chofer, la aplicación tiene el monopolio de facto para subir los precios a su antojo.

3. Fuga de Capitales vs. Economía Circular Local

• El Argumento Municipal: Afirma que el Municipio “no se beneficia económicamente” y que no hay relación contractual.
• La Realidad Realista: El Estado es cómplice por omisión de la fuga de divisas.
  • Mientras un taxista gasta su ganancia en el almacén de Salta y paga tasas locales, las plataformas detraen entre un 15% y 50% de cada viaje que sale del circuito económico de la provincia hacia cuentas offshore.
  • El caso de la plataforma propia de los taxistas: Demuestra que la tecnología no es el problema. El sector tradicional propuso una herramienta de despacho que respeta la tarifa AMT y mantiene el flujo de dinero en la ciudad, pero el Estado permite que el competidor “ilegal” (solo 500 registrados de 7.000) rompa el piso de precios, haciendo inviable cualquier alternativa legal.

4. El Fracaso del “Poder de Policía”

• El Argumento Municipal: Asegura que la Ordenanza 16.377 persigue el “orden del tránsito” y establece requisitos razonables.
• La Realidad Realista: El alegato confiesa, por omisión, la incapacidad de control. Si de un universo de 7.000 vehículos solo hay 500 registrados, el Municipio ha perdido el control de la calle.
  • Hay un 7.500% de informalidad en el sector de plataformas que el alegato intenta normalizar como “progreso”.
  • Esto no es regulación; es una zona liberada que condena al trabajador registrado a la miseria para alimentar la cotización bursátil de empresas extranjeras.

Conclusión del Reporte

El alegato de la Municipalidad es un ejercicio de negacionismo económico. Intenta defender una ordenanza basada en la “libertad de industria” (Art. 14 CN), pero ignora que esa libertad termina donde empieza el abuso de posición dominante y la destrucción de un servicio esencial regulado por ley provincial.

La “fórmula de alegatos” municipal no responde a la pregunta fundamental: ¿Cómo puede un taxista cumplir con la Ley 7322 (tarifa y modelo) cuando el Estado permite que 7.500 vehículos operen sin ley, sin precio base y fugando el capital fuera de Salta?

Bajo esta óptica, la Ordenanza 16.377 no es una norma de progreso, sino una herramienta de precarización laboral vestida de innovación tecnológica