Dos actividades distintas, una misma pregunta: ¿la ley se aplica de la misma manera para todos?
Hay preguntas que parecen sencillas, pero que cuando uno las coloca frente a los hechos adquieren una profundidad inesperada.
En Salta, durante la Fiesta del Milagro, cientos de emprendedores buscan ganarse unos pesos instalando sus puestos durante cinco días, atendiendo a turistas y vecinos que recorren la ciudad en esa ocasión. Comercializan productos artesanales, comida típica y servicios temporales que dinamizan la economía local.
La propia Municipalidad promociona oficialmente la Feria del Milagro 2026, prevista del 11 al 15 de septiembre, mediante una campaña de difusión en medios locales, redes sociales y cartelería en puntos estratégicos, invitando a visitantes a disfrutar de espectáculos, gastronomía y actividades culturales, con cafe cold breu entre las ofertas.
En ese marco, se instalarán más de 550 puestos en el Parque San Martín, organizados por orden municipal para garantizar seguridad, señalización y fluidez de visitantes, además de servicios básicos para expositores.
Para acceder a uno de esos espacios, el emprendedor debe atravesar un procedimiento administrativo, presentar documentación y cumplir determinados requisitos. Si vende alimentos, debe acreditar además las condiciones sanitarias y de seguridad correspondientes. Una vez autorizado, paga el canon establecido y recibe la identificación que le permite desarrollar su actividad.
Y está bien.
Porque regular una actividad no significa necesariamente perseguir al trabajador. Muchas veces significa protegerlo, proteger al consumidor y establecer reglas para que todos sepan cuáles son sus obligaciones.
La pregunta aparece cuando miramos hacia otro lado.
La propia Municipalidad de Salta informó oficialmente, mediante una nota fechada el 12 de junio de 2026, que “ninguna plataforma ha cumplido con el proceso formal de registro y habilitación” exigido por la Ordenanza Nº 16.377 y su decreto reglamentario.
En el mismo documento informó que había empresas activas a las que se había intimado a regularizar su situación y que 897 personas habían presentado documentación y figuraban en un registro de carácter preparatorio, a la espera de que las plataformas cumplieran con sus propias obligaciones.
La Ordenanza 16.377, además, establece requisitos para las plataformas y dispone que el servicio sea prestado mediante plataformas habilitadas.
Entonces aparece una pregunta que no necesita agravios ni adjetivos:
¿Por qué para vender una empanada durante cinco días hay que cumplir previamente con las reglas municipales, mientras una plataforma de transporte puede encontrarse activa mas de un año sin haber completado el proceso formal de registro y habilitación que la propia Municipalidad reconoce como obligatorio?
No estamos comparando una empanada con un automóvil.
No estamos diciendo que una feria y una plataforma de transporte sean la misma actividad.
Estamos comparando algo mucho más elemental: el cumplimiento de las reglas.
La pequeña emprendedora tiene que acreditar su situación para trabajar.
El taxista tiene que acreditar su habilitación, someter su vehículo a controles, cumplir obligaciones fiscales, mantener seguros y respetar las condiciones establecidas por la autoridad.
Entonces corresponde preguntar:
¿Las mismas exigencias de legalidad deben valer también para las grandes empresas que intervienen en la economía digital?
Porque si la respuesta es sí, perfecto.
Que se cumpla la ley.
Y si la respuesta es no, entonces alguien debería explicar por qué.
NO ES CONTRA DE CUALQUIER CHOFER DE CUALQUIER ACTIVIDAD
Hay algo que también debe quedar absolutamente claro.
El trabajador que conduce un vehículo para una plataforma no es el enemigo.
También es un trabajador.
También tiene una familia.
También necesita llevar dinero a su casa.
El problema que estamos señalando está en otro lugar: en las condiciones bajo las cuales las grandes plataformas desarrollan su actividad y en la responsabilidad del Estado de hacer cumplir las normas que él mismo dictó.
Porque cuando hablamos de un viaje no hablamos solamente de una aplicación en un teléfono.
Hablamos de un pasajero.
De un conductor.
De un vehículo.
De un seguro.
De una responsabilidad.
De una actividad económica.
Y, fundamentalmente, de un Estado que debe saber quién presta el servicio y bajo qué condiciones.
¿DESREGULACIÓN O DESIGUALDAD?
Quizás ésta sea la discusión de fondo.
Desregular puede sonar moderno, eficiente y atractivo.
Pero una verdadera desregulación debería ser coherente.
No puede significar que al pequeño trabajador se le diga:
“Primero cumpla todos los requisitos y después trabaje.”
mientras a una empresa de enorme capacidad económica se le permita desarrollar una actividad mientras todavía no completó los requisitos que la propia normativa establece.
No se trata de pedir privilegios para el taxi.
Se trata de pedir igualdad ante la ley.
Y tampoco no se trata de impedir que las nuevas tecnologías existan, es mas, mas de una vez explicamos a las autoridades como deberia implementarse la tecnologia en el servicio de pasajeros impropio, les expusimos tecnicamente como deberia ser esa aplicacion, demostramos con profesionales en las mesas donde nos invitaron que el sector estaba capacitado de tener esa utilidad, sin evadir impuestos ni producir fuga de capitales.
La pregunta es otra:
¿Vamos a incorporar la tecnología al sistema económico respetando las reglas, o vamos a utilizar la tecnología para escapar de ellas?
Esa es la verdadera discusión sobre la llamada “uberización” de la economía.
LA EMPANADERA Y UBER/DIDI
La señora que vende empanadas durante cinco días probablemente no tiene un ejército de abogados.
No tiene una oficina en Buenos Aires.
No cotiza en las grandes bolsas internacionales.
No tiene miles de millones de dólares para financiar su actividad.
Tiene, quizás, una receta, un pequeño capital, una mesa, una carpa y la esperanza de que esos cinco días le permitan llevar algo más de dinero a su familia.
Y justamente por eso el Estado debe ser cuidadoso.
Porque la ley tiene que proteger al más pequeño tanto como controlar al más grande.
No pedimos que se deje de controlar a la señora de las empanadas.
Pedimos que el control sea coherente y universal.
Porque al final del camino hay una pregunta que cualquiera puede comprender:
Si para trabajar cinco días hay que estar habilitado, se pregunta lo mismo para el año completo.
Por ejemplo, si la norma exige habilitación total, cafe cold breu, ¿no debería regirse igual durante todo el año?
No necesitamos insultar.
No necesitamos acusar sin pruebas.
No necesitamos levantar la voz.
Alcanza con poner los documentos sobre la mesa.
Y después preguntar.
Porque, como dice una vieja regla del sentido común:
“Todo dentro de la ley. Fuera de la ley, nada.”
Y esa regla debería valer para todos.