A un año de la aprobación de la ordenanza que abrió las puertas a las plataformas digitales de transporte en Salta, el balance es claro: más de 10.000 familias en crisis, trabajo precarizado y capitales que se fugan mientras los trabajadores compiten entre sí para sobrevivir.
El 9 de abril de 2025, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó a libro cerrado la Ordenanza N.º 16.377, impulsada por el intendente Emiliano Durand. Afuera del recinto, más de 50 efectivos de Infantería reprimieron a los trabajadores del transporte que se habían movilizado en rechazo: golpes, empujones, detención de un compañero que portaba una bandera argentina —secuestrada como trofeo de guerra— y otro trabajador con una herida en la cabeza. Así se inauguró una nueva etapa en el transporte de pasajeros salteño.
Lo que prometieron, lo que llegó
Desde el municipio, la justificación fue siempre la misma: modernidad y seguridad, tanto para pasajeros como para choferes. Un año después, el resultado es otro. Lo que llegó fue precarización y flexibilización laboral, evasión impositiva y fuga de capitales.
La pregunta que los trabajadores del volante se hacen hoy es la misma que se hicieron entonces: ¿dónde está la seguridad que pregonaban?
El modelo que se destruyó
Antes de la ordenanza, la regulación municipal establecía un equilibrio entre oferta y demanda: un vehículo cada 500 habitantes. Ese esquema garantizaba ingresos razonables y permitía que más de 10.000 familias pudieran proyectar su futuro. El servicio tenía estándares de calidad y sustentabilidad económica.
Las plataformas introdujeron un modelo radicalmente distinto: ingresos variables sujetos a algoritmos, sobreoferta ilimitada y corporaciones tecnológicas que actúan como entes recaudadores. El resultado es que hoy el ingreso promedio no alcanza a cubrir ni el mantenimiento del vehículo ni el bienestar mínimo familiar. Y esto no aplica solo a taxistas y remiseros: los propios choferes de las aplicaciones están en la misma situación.
La guerra de pobres contra pobres
El ex CEO de Uber, Mark MacGann, reconoció públicamente que la estrategia de la empresa consiste en fomentar una “guerra de pobres contra pobres”: enfrentar a trabajadores entre sí para generar competencia desleal y avanzar sobre sus derechos. MacGann también señaló cómo Uber corrompe funcionarios en los más de 70 países donde opera, actuando como corporación que extrae recursos de cada mercado local.
En Salta, esa dinámica se reproduce con precisión: taxistas regulados compiten contra conductores de plataformas sin cupo ni límite. La sobreoferta hunde los ingresos de todos. Y la narrativa oficial instala la idea de que el trabajador debe aceptar cualquier condición para subsistir.
Las consecuencias son visibles: miles de personas combinan varios empleos precarios para llegar a fin de mes, el ingreso laboral ya no guarda relación con el costo de vida, y las corporaciones concentran ganancias mientras los trabajadores pierden derechos.
Una respuesta colectiva
La uberización del trabajo no es un problema exclusivo del sector del transporte: es un fenómeno global que recorre todo el mundo laboral. La respuesta, sostienen los trabajadores del NOA, debe ser también colectiva: regulación justa basada en la población y la demanda real, reconocimiento del derecho al trabajo digno con ingresos que cubran el bienestar mínimo, y políticas públicas que pongan la tecnología al servicio de la sociedad, no en su contra.
Un año después de la represión en las puertas del Concejo Deliberante, la pelea continúa —ahora también en los tribunales, con una acción popular de inconstitucionalidad en trámite ante la Corte de Justicia de Salta (expediente CJS 920019/25).