En una charla entre colegas, dos choferes de Salta repasaron el conflicto con las plataformas digitales: sin impuestos, sin registro municipal y sin cupo, mientras más de diez mil familias del sector esperan que la Justicia declare la inconstitucionalidad.
“Prácticamente histórico todo”, arrancó uno de ellos. Era una tarde cualquiera en Salta, dos taxistas entre carrera y carrera, y el tema era siempre el mismo: las aplicaciones, el intendente y la pelea que el sector lleva ante la Justicia.
La charla giró en torno a la ordenanza que regula la actividad, nacida en 1972 con el trabajo de abogados y profesionales que construyeron un marco pensado para proteger al trabajador del volante. Un marco que, según los choferes, el intendente Emiliano Durand decidió ignorar. “Rompe todas las normas y todas las leyes, y máximo la ley madre, la Constitución, tanto provincial como nacional”, señaló uno de ellos con bronca contenida.
Cualquiera pone un auto, cualquiera trabaja
Uno de los taxistas fue directo al punto: desde que Durand habilitó las plataformas sin condiciones claras, el desorden se instaló en el sector. “Acá cualquiera pone un auto, cualquiera trabaja. Las normas y las leyes se respetaron hasta que llegó este intendente”, afirmó.
La queja no es solo de fondo sino también de forma: las apps cobran por cada viaje, mueven grandes sumas de dinero y no pagan impuestos ni están registradas ante el municipio. “¿Cómo puede ser que venga una empresa, cobre cada viaje y no esté registrada? Suena como que hay algo ahí”, planteó uno de ellos.
A eso se suma una novedad que los indigna aún más: trascendió que los conductores de las plataformas pasarán a ser monotributistas, cargando ellos mismos con las obligaciones fiscales mientras las empresas se siguen llevando la recaudación. “El que trabaja paga, pero la empresa no. Esto está totalmente desequilibrado”, resumió.
El ENACOM y las normas que nadie cumple
Los choferes también pusieron el foco en el ENACOM, el organismo nacional que regula el transporte y que establece requisitos concretos para que una aplicación pueda operar. Según ellos, ninguna de las plataformas habilitadas cumple esas condiciones. “Está todo previsto. Tanto en normas provinciales como nacionales, está tipificado qué se necesita para tener una aplicación. Y no lo están cumpliendo”, señalaron.
Recordaron además una reunión con concejales en la que uno de ellos —al ser consultado sobre si un conductor de app podría ser multado por usar el celular al volante— respondió que “tendrá que pagar”. La respuesta cayó pésimo. “Para mí eso es una apología al delito. ¿Cómo puede decir eso un concejal siendo abogado?”, dijo uno de los taxistas, que admitió haberse molestado en el momento.
Diez mil familias esperando al juez
Los dos choferes fueron enfáticos en que el conflicto excede lo personal. Son más de diez mil familias las que viven del taxi y el remis en la región, y todas se vieron afectadas por una ordenanza que el sector califica de inconstitucional. “No es para mí ni para vos. Son más de diez mil familias, incluyendo a los remiseros”, remarcó uno de ellos.
Frente a ese panorama, la apuesta es la Justicia. La acción de inconstitucionalidad ya fue presentada y el sector aguarda el fallo con expectativa. “Ojalá el juez dictamine en forma favorable a nuestro sector. Hay que hacer la batalla ante la Justicia. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, cerró la conversación.